Semanario La Verdad

Quirino Velazquez

“De ahí que la crisis que atraviesa nuestro Estado, la enfermedad que corroe su cuerpo político no sea una crisis provisional que requiera una cirugía menor (por ejemplo, una nueva reforma electoral), sino se trata de una crisis de Estado, una crisis política, que reclama una cirugía mayor (refundación del Estado).” –Sergio Ortiz Leroux–

En las democracias representativas, en las que los ciudadanos delegan a sus representantes el poder de decidir en su nombre, es necesario que los gobernantes rindan cuentas y justifiquen sus acciones ante los gobernados. El modelo de representación contemporáneo crea una necesidad de reciprocidad entre los actos de gobierno y los intereses de los ciudadanos.

La teoría política considera que la rendición de cuentas, para ser efectiva, debe contener al menos tres elementos: la información (que presentan los gobernantes para dar cuenta de sus actos y decisiones), la justificación (que los gobernantes expliquen los porqués de sus actos y decisiones) y la posibilidad de castigo o recompensa (para que los ciudadanos puedan decidir si los gobernantes deben seguir en sus puestos).

En ese entendido, considero que hay que cambiar algunas cosas de los llamados “informes de gobierno” o “informes del estado que guarda la administración pública”, pues históricamente no es una rendición de cuentas, sino un documento político con una relatoría de hechos, toda vez que, en el caso de Jalisco, la legislación no establece normas que regulen el contenido y la manera de presentación del informe.   

El “informe de gobierno” o el “informe del estado que guarda la administración pública” debería ser un documento que permita poder comprobar sus cifras, las aplicaciones de los recursos presupuestales y sus resultados en función del beneficio social o económico y, en su caso, sirva para poder fincar responsabilidades políticas, civiles o penales. También, debería ser delito mentir en este documento, porque solo se glosa y no requiere la aprobación del Congreso.

Ya en materia, contar acerca del primer informe del gobernador Enrique Alfaro Ramírez parece un tema obligado por ser un asunto de interés general. Aunque, a decir verdad, a mí me resulta difícil hacerlo por lo extenso de los temas que abordar y dese luego por mis propias limitaciones. Por ello, solamente comentaré (de manera muy breve y sin prejuzgar) dos temas quizás los más sensibles para la ciudadanía: la inseguridad y la corrupción-impunidad, ambos relacionados entre sí.  

De inicio, habrá que señalar que con una aparente (las apariencias engañan) merma en su respaldo popular (la encuesta #RankingMITOFSKY gobernadores y gobernadoras de México de sep/19 le da 34% de aprobación) de lo cual dan cuenta los estudios demoscópicos (publicados en diversos medios siempre conforme convenga a los empresarios de este ramo), es decir, hipotéticamente disminuida la figura estrella de MC (después de su contundente triunfo en las elecciones anteriores), el pasado 6 de noviembre, con un discurso improvisado pero apoyado con una presentación digital, el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez rindió, ante el pleno del Congreso, su primer informe labores al frente del gobierno de Jalisco.

Así, el gobernador Enrique Alfaro retoma, después de once años de abandono iniciado por el exmandatario panista Emilio (“etilio” lo apodaban por su recurrente gusto por las bebidas etílicas) González Márquez (aquel de la mentada de madre frente al Cardenal Juan Sandoval y que le provoco el repudio general), la republicana práctica de presentar personalmente, ante la representación popular (Congreso de Jalisco), el informe del estado que guarda la administración pública estatal.

Los resultados de los primeros once meses de trabajo del gobierno actual, alguien pudiera decir, que no son los que como ciudadanía deseamos. Sin duda nuestro anhelo es vivir en un estado seguro, sin corrupción e impunidad. Sin embargo, estos meses han sido difíciles y lo son para cualquier administración que llega al poder a través de la alternancia. Las gestiones del gobernador, en este casi primer año, arrastran las inercias (en materia de seguridad, corrupción e impunidad) del trabajo de gobiernos anteriores y apenas se logran hacer los primeros planteamientos de las nuevas estrategias. No obstante, a estas alturas, para más de alguno parece que las expectativas de campaña exceden por mucho los hechos de gobierno.

En materia de seguridad los habitantes de Jalisco vivimos sin duda el problema que más nos preocupa y alarma. Es cierto que gran parte (yo diría que casi todo por no decir todo) de la crisis de seguridad es herencia de erradas políticas del pasado, por cierto muchos analistas señalan que esta crisis tiene su origen fecundo en los periodos (estatal y federal respectivamente) de los ex panistas Emilio “etilio” González Márquez y de Felipe (“tomamdante borolas” apodado así por su arraigado gusto por las bebidas alcohólicas) Calderón Hinojosa, (este último, en el afán de legitimar la usurpación de la presidencia de México inició una guerra sin análisis ni diagnóstico, según sus propias palabras) pero el hecho es que conforme pasa el tiempo vemos lamentablemente que aumenta la espiral de la inseguridad en sus muy variadas expresiones.

En Jalisco vivimos a diario, y no podemos ocultarlo, la zozobra de los asaltos, las balaceras, las ejecuciones y la guerra entre grupos criminales, además, de la generalización de la delincuencia callejera, tal vez, esta última, alimentada por el hambre. El número de desaparecidos no se reduce, las fosas clandestinas y cuerpos embolsados siguen apareciendo, los secuestros no frenan, los robos son el pan de cada día y las extorciones están a la vuelta de la esquina y detrás de una llamada telefónica.

Como muestra basta un botón: la encuesta ENVIPE del INEGI señala que, en Jalisco, la percepción de la población respecto a la inseguridad púbica (de marzo-abril 2019) fue del 77.7% esto quiere decir que 7.7 de cada 10 habitantes aprecian inseguridad en el estado.   

Y si le agregamos, que aún no se siente en el imaginario colectivo la presencia eficiente de los cuerpos policiacos y menos que actúen con la coordinación debida y, además se sabe, que trabajan con limitados apoyos y en algunos lugares desprovistos de los mínimos para actuar y con poca articulación con el sistema de justicia.

Las preguntas son: ¿Vamos bien en seguridad? ¿Llegará el momento en que Jalisco toque fondo? ¿O será que la degradación humana en que hemos caído jamás saciará su exigencia de sangre, sufrimiento y dolor en nuestro suelo?

Mas allá de las interrogantes anteriores, lo cierto es que el problema de la inseguridad, por sus dimensiones, es un reto que trasciende e involucra a los tres poderes, a los tres niveles de gobierno y a la propia sociedad.

Por otra parte, la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona la economía, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada y otras amenazas a la seguridad humana. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos y alimenta la desigualdad y la injusticia.

La impunidad, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se define como: “Inexistencia, de hecho, o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento…”.

Tenemos entonces que en Jalisco la corrupción y la impunidad son problemas sistémicos y transversales sobre los que parece que aún no se ha actuado debidamente. A pesar de que la lucha contra la corrupción y la impunidad forma parte de todos los discursos y ofertas políticas de los partidos y gobernantes, mucha gente cree que no han mostrado un compromiso real con la disminución de esta práctica. Y que sigue prevaleciendo entre ellos la costumbre de abusar del poder político para beneficio personal (corrupción) y, después de abusar, la práctica de sustraerse a la justicia (impunidad).

En las empresas y en la sociedad en general tampoco se reportan avances en esta materia. La jalisciense sigue siendo una sociedad dispuesta a practicar la corrupción si piensa que de ella obtendrá un beneficio personal.

La verdad, en Jalisco, no sabemos a ciencia cierta si todas aquellas conductas que engloba el término de corrupción han aumentado o disminuido a lo largo del tiempo y en particular en este primer año del gobierno estatal. Pero sí sabemos tres cosas. Primero, la percepción sobre la corrupción, particularmente la que campea en el sector público, crece año con año. Segundo, en las mediciones de percepción de los problemas que aquejan a nuestro estado, la corrupción se ha posicionado como una de las principales preocupaciones, incluso por encima del desempleo y la pobreza. Tercero, la impunidad que acompaña a la corrupción se ha mantenido constante. Como ocurre con el resto de los delitos, faltas e infracciones en Jalisco, los que se definen como actos de corrupción casi nunca se castigan. La encuesta ENVIPE del INEGI señala que, en Jalisco, la Cifra Negra fue 91.8% (2018) Esto quiere decir que 9.18 de cada 10 eventos criminales pasaron sin repercusiones legales (impunidad) para el presunto delincuente.

Se registra, eso sí, en estos primeros meses del periodo gubernamental, una participación cada vez mayor en movimientos institucionales comprometidos con la lucha contra la corrupción y la impunidad (ejemplo: iniciativas y reformas legales al respecto que dotan de instancias y mecanismos para la identificar, acreditar y sancionar la corrupción).

Habrá que decir también, que la vida pública del Jalisco no es una agenda exclusiva del Gobernador, la seguridad pública, el combate a la corrupción y a la impunidad es una corresponsabilidad de todos los Poderes.

Los tres Poderes del Estado tienen aún demandas pendientes por atender, pero no pueden renunciar a la corresponsabilidad en estas materias. La seguridad, la corrupción y la impunidad son agendas comunes. Cada Poder y cada nivel de gobierno tiene su ámbito de responsabilidad. No busco justificar desaciertos, no se busca eximir de las responsabilidades a quienes ya ocupan un lugar en la administración pública y de las decisiones que han tomado (en materia de seguridad, corrupción e impunidad), pero sí comprender que los cambios toman tiempo y dificultad y solo teniendo el objetivo claro estos podrán conseguirse.

Queda para el debate los logros o errores y los hechos u omisiones de este primer año del gobierno estatal en estos delicados temas.

Lo que sí puedo afirmar con seguridad, es que en Jalisco el viejo sistema político y el antiguo pacto social que le dio norma a nuestras relaciones está fatalmente agotado. La alternativa que tenemos no debe ser, por supuesto, intentar levantar el viejo sistema moribundo y pretender apuntalar sus gastadas formas con pequeños cambios «gatopardescos», ello sólo alargaría su agonía, pero ocasionaría grandes costos a los jaliscienses.

Nuestro estado se encuentra en un cruce de caminos, y de cuál camino se escoja, dependerá el Jalisco que reclama la sociedad. Opino que el mejor camino que tenemos todos los jaliscienses es el de entender y asumir la necesidad del cambio profundo y ayudar a “bien morir” a ese viejo sistema político que nos ha dejado las calamidades que hoy padecemos.

Por eso también opino que la transición hacia la refundación de Jalisco que promueve el Gobernador Enrique Alfaro es viable e inevitable, y coincido con lo expresado (en su artículo ¿reforma o refundación del cuerpo político?) por el profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Sergio Ortiz Leroux: “De ahí que la crisis que atraviesa nuestro Estado, la enfermedad que corroe su cuerpo político no sea una crisis provisional que requiera una cirugía menor (por ejemplo, una nueva reforma electoral), sino se trata de una crisis de Estado, una crisis política, que reclama una cirugía mayor (refundación del Estado).”.