Alfonso García Sevilla

La recaudación fiscal en México es de tan solo el 17% del Producto Interno Bruto, siendo el más bajo de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) mientras que países como Francia y Dinamarca recaudan alrededor del 45%.

La informalidad en la economía de nuestro país es de 31.3 millones de personas, según datos del Inegi, de una población económicamente activa de 58 millones, esto es, poco menos de 20 por ciento de la gente que trabaja lo hace en un empleo donde se le retiene el respectivo impuesto.

Obvio que, a mayor recaudación, mayor gasto genera un gobierno y más posibilidades de bienestar tiene de otorgar a sus habitantes. Entre más empresas inviertan en el país, más empleos se obtienen y se elevan las tasas recaudatorias. Algo realmente urgente en México,

Esto viene a colación por la nueva ocurrencia del partido Morena, que pretende darle facultades al Inegi, quien «debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada dos años debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano», con el fin, argumenta su presidente, Alfonso Ramírez Cuellar, «de medir la concentración de la riqueza en nuestro país. Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata solo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas.

Medir la pobreza en México es un gran avance. Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza».
Lo anterior pasa por encima de dos artículos constitucionales que velan porque los derechos de los ciudadanos no resulten afectados debido a procedimientos ilícitos cometidos por la autoridad, el 14 de seguridades jurídicas en la relación del Estado con sus ciudadanos y el 16, mismo que señala textualmente: «Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento” ¿Se viene una iniciativa para ponernos a merced del Estado autoritario? ¿Y los mecanismos para evitar y castigar la evasión para cuándo se depuran y actualizan?

La 4T anda extraviada en su modelo económico, así lo demuestran las recientes decisiones de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, el cierre de paso a industrias formales como la cervecera en Baja California y la penosa negativa a la industria de las energías limpias. No es santificando la pobreza ni persiguiendo, al estilo Robin Hood a los ricos, como se logra el bienestar de todos.

Se deben idear mecanismos que permitan transitar a un modelo de bienestar que frene y revierta la informalidad y al crimen organizado. Esperemos que esta ocurrencia, por el bien de México, no prospere y quede en eso… es una anécdota más de esta administración.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: