EMPRESA PRIVADA Y GOBIERNO

Por Quirino Velázquez

Viernes 12 de julio de 2019

“La modernidad puede ser forjada desde abajo y sin excluir a nadie; el desarrollo no tiene por qué ser contrario a la justicia social” – Andrés Manuel López Obrador-

Uno de los mayores errores cometidos por la versión mexicana del neoliberalismo, que duro las últimas tres décadas, fue creer que las oficinas públicas podían funcionar como empresas privadas, que sus directivos no eran funcionarios sino gerentes (todavía muchos lo creen vean a Guadalajara), que los ciudadanos eran los clientes y que los empleados no respondían a las reglas generales sino a su propia creatividad. Como si otorgar servicios públicos, darle viabilidad administrativa al cumplimiento de las leyes y garantizar los derechos equivaliera a vender Coca Colas o administrar Liverpool o Walmart.
Así, desde el final del siglo pasado y al comenzar el presente se fueron imponiendo el lenguaje y las prácticas de la iniciativa privada, con una visión que corrompió y dio al traste con la eficacia y lógica con la que debería actuar los gobiernos y la administración pública que le deriva.
La consecuencia más grave de esa falta de comprensión sobre los propósitos y los rasgos propios del gobierno y la administración pública fue la contratación de personas (en los tres niveles de gobierno) formadas para gestionar empresas privadas que actuaron (algunos todavía actúan), como si fueran los dueños de las oficinas que encabezaban y que acabaron confundiendo sus roles con los de los inversionistas privados.
En supuestas aras de la innovación, de la gestión de sistemas tecnológicos y de la ampliación de las oportunidades de inversión y negocio, se creó la gerencia pública y se olvidó que la tarea fundamental de los tres niveles de gobierno y sus administraciones es ofrecer la seguridad de que las leyes que rigen sus operaciones y determinan sus cursos de acción serán cumplidas a cabalidad, en igualdad de condiciones para los ciudadanos que son titulares de los derechos y con la más estricta eficiencia y honestidad en el uso de los recursos.
El gobierno debe otorgar estabilidad a sus acciones a través de las leyes e instituciones. El entramado de oficinas, cargos públicos, programas y reglas de operación que integran la administración pública no está diseñado con la lógica de la empresa privada, en la que los dueños imponen las metas y las estrategias que han de obedecer los empleados. El resultado de esa forma de gobernar y administrar lo público fue desastroso. Su saldo es negativo crecimiento económico del País y positivo en la generación de la pobreza e inseguridad a niveles alarmantes. Su flagelo prácticamente ha devastado a México acrecentando los niveles de marginación social. El crecimiento de los pobres ha sido exponencial. El neoliberalismo y su manera de conducir lo público propició que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres.
El actuar del gobierno y la administración pública como empresa privada nos convirtió en una sociedad extractiva que al igual explotó los recursos naturales y los recursos humanos, promoviendo el libre comercio, los bajos salarios y la explotación laboral, hechos que contrastan con los fines que todo buen gobierno debe procurar, tal y como lo establecen los derechos humanos contemplados en la constitución. Un estado humanista, promotor del desarrollo humano a través de la justicia social es la aspiración del pueblo mexicano que estuvo en las últimas décadas sojuzgados por un neoliberalismo agresivo, el cual dio como resultado: una terrible desigualdad y la plaga insidiosa de la corrupción, ambas tienen un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad, ya que socaban el estado de derecho, menoscaban la calidad de vida y permiten el florecimiento del crimen y agudizan la inseguridad.
El agotamiento del neoliberalismo, pero sobre todo sus limitaciones prácticas y hasta teóricas, han marcado el fin la llama gerencia pública. Con la llegada de AMLO a la presidencia de la República, parece que llega el fin de esa mal forma de gobernar y de administrar lo público.
Lo cierto es, que empresa privada y gobierno son dos mundos diferentes y llenos de contrastes. Uno persigue el afán de lucro; el otro, debe otorgar servicio y atender necesidades colectivas. De no ser así, no existiría el derecho administrativo y el gobierno la administración que le deriva se regirían por el Código de Comercio y otras leyes mercantiles. Pero bueno… Ojalá se haga realidad lo dicho por el Presidente AMLO: “La modernidad puede ser forjada desde abajo y sin excluir a nadie; el desarrollo no tiene por qué ser contrario a la justicia social”.

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