Las horas contadas de un fracasado Cisen

Por Víctor Hugo Ornelas

En 1985, la Ciudad de México se sacudió por un sismo que ha pasado a la historia del País como una de las tragedias nacionales más recordadas, pero ese mismo año, ocurrió otra catástrofe que cimbró las entrañas del Gobierno Federal cuando sumergida en una debacle ocasionada por su inoperatividad, la Dirección Federal de Seguridad desapareció para dar paso a lo que hoy conocemos como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dependencia que está viendo sus últimos días de operación.
El Cisen ha sido utilizado como una fuente de información clasificada sobre asuntos de política interior y de seguridad nacional, fue sumamente explotado por los gobiernos priístas para mantener el control de prácticamente todo lo que ocurría en el País, desde las actividades de grupos guerrilleros como el EZLN, las estructuras y acciones de grandes sindicatos, grupos del crimen organizado y otros, todo bajo técnicas que los agentes y funcionarios de esa dependencia federal aprendieron mediante capacitaciones con la CIA estadounidense y el llamado Mossad de Israel.
En el año 2000 llegó la alternancia que representaba Vicente Fox, quien tuvo la oportunidad de consolidar a esa área de inteligencia que fue capaz de “desenmascarar” al líder del grupo guerrillero, que puso de cabeza el gobierno de Ernesto Zedillo y que años más tarde descubriría que las explosiones en ductos de Pemex habían sido provocadas por el Ejército Popular Revolucionario, pero no fue así.
La administración foxista se vio seducida por el poder que el Cisen podía ofrecerles y de manera irresponsable, lejos de enfocarse en temas que podían ayudar a mejorar las condiciones de seguridad del País, se comenzaron a enfocar en el espionaje político, de tal forma que periodistas, funcionarios, políticos de oposición, incluso artistas, fueron víctimas de los analistas del Cisen que crearon expedientes individuales de las personas que consideraban adecuado tener vigiladas para así, mantener un impresionante poder amparado en la impunidad que el propio tema de “seguridad nacional” ofrece a los gobernantes.
Desde ese entonces a la fecha, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional ha estado convertido en una vulgar agencia que cuesta millones de pesos al erario al servicio de los intereses del gobierno en turno y eso ha resultado tan atractivo para la clase política, que esas actividades se replican a menor escala en algunos estados y municipios.
Por ejemplo, hay áreas que se encargan del monitoreo permanente de periodistas y algunas personas de la sociedad civil que pertenecen a asociaciones civiles o que tienen alta actividad en redes sociales, de tal manera que existen expedientes en los que se detalla (a su criterio) las tendencias que muestran cada uno de los personajes que son víctimas de este espionaje, se genera un perfil y se define el grado de amenaza que puede representar para el gobierno que ordena su seguimiento.
Este modelo de espionaje en México dista de ser la agencia de inteligencia que un País con intensa actividad criminal y con altísimos niveles de corrupción e impunidad requiere; básicamente, la posibilidad de que el Cisen mantenga operaciones es insostenible e incompatible para un proyecto de gobierno como el que propone Andrés Manuel López Obrador a nivel federal, tampoco el esquema de espionaje narrado sería adecuado para en Jalisco si Enrique Alfaro se apega a su discurso, aunque bien es sabido que el grupo de “comunicación estratégica” detrás de Enrique, tiene gusto por actividades como la creación de expedientes y el ataque mediante redes sociales.
De entrada, el próximo Gobierno Federal parece entender el tema y ya han puesto sobre la mesa la desaparición del Cisen para dar paso a la creación de una Agencia Nacional de Inteligencia, que tendría un enfoque completamente diferente, dirigido principalmente en el análisis de los grupos delincuenciales, su operación, sus integrantes y sus relaciones con altos funcionarios.
No obstante, sí de algo podemos estar seguros es que todos los servidores públicos, al menos directivos y de primer nivel, siempre mienten y por supuesto que al tratarse de temas de espionaje, lo hacen aún más debido a que se trata de una práctica que en mayor medida se mantiene sobre una línea delgada entre la legalidad y la violación a los derechos de las personas.
Los gobiernos no han entendido que gastar millones en generar métodos de control es una práctica vieja y ya desgastada, todavía no se dan cuenta que sale mucho más barato dar resultados, ser honestos y dedicarse a cumplir con sus obligaciones. Todavía no les cae el veinte de que cuando son exhibidos no está relacionado con una persecución mediática, sino a una naturaleza simple de la exigencia natural de una sociedad democrática a la rendición de cuentas, pero en fin, mientras ellos sigan paranoicos creyendo que todo mundo está detrás suyo, será un indicador de que ellos, se mantienen detrás de quienes consideran que atentan contra los intereses, no de la población, sino los de ellos, que en su mundo, son los que realmente importan.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: