Privatizar el agua: la reforma que viene

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#ColumnaDeOpinión por Aarón Estrada

El agua, el vital líquido, por el que históricamente pueblos han peleado por su posesión, luchas que no han cesado en todo el mundo, hoy en México se revive esta disputa, de lo que será la Cuarta Guerra Mundial, de la mano de una reforma más del Poder Ejecutivo con su Reforma a la Ley de Aguas que se debate en el Congreso de la Unión.

Apoyada por el PAN -partido cuyo gobernador de Sonora desvió un río para hacer su presa llamada Titanic (el descaro total, con el sólo nombre)- la reforma a Ley de Aguas pretende a grandes rasgos dejar en manos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la definición del porcentaje de participación privada en los proyectos de infraestructura, explotación, distribución, facturación y cobro de agua potable al usuario final, de acuerdo con un reglamento interno al que los legisladores no tienen acceso.

Es decir, el Gobierno de la República a través de la Conagua definirá a quien da propiedad privada de los mantos acuíferos, ríos, lagos, para su comercialización del líquido que poseen, dejando a un lado la propiedad nacional de este recurso natural y sobre todo ajeno a las necesidades de los habitantes, que día a día padecen más problemas de agua, en medida que crecen las ciudades, pueblos y habitantes de los estados.

Esta perversa reforma, tiene las características similares de la reforma energética, con el petróleo y la industria eléctrica. Políticas que a más de un año de implementadas, no se ha visto ninguna resultado mínimo favorable para el País, en cambio la ordeña a los ductos de Pemex no cesan, el costo de la gasolina aumenta y el servicio de energía eléctrica sigue siendo precario en varias comunidades y poblados del País.

El facultar a la Conagua para otorgar concesiones exclusivas del agua a empresas nacional y extranjeras, en suma elimina todo el sentido social de este recurso natural, sentido de la reforma que no obedece más que a intereses del mercado internacional, para convertir en un negocio, porque el agua, así como el gas, el carbono, es también fuente de energía.

De avalarse esta reforma, con el voto miope, cómplice y borrego de la mayoría de los diputados del PRI y PAN, los más vulnerables serían los municipios y estados, así como las comunidades ejidales e indígenas del País, que se quedaran fuera del poder adquisitivo del mercado para poder financiar un proyecto hídrico para su comunidad, el cual debería de ser responsabilidad del Estado.

En términos generales, resulta desolador constatar que el grupo en el poder sigue sin comprender los graves desajustes que han provocado las reformas estructurales recientes –los cuales figuran entre las causas de la crisis política, económica e institucional en la que se encuentra sumido el País– y pretende llevar las lógicas de la privatización a prácticamente todas las áreas del quehacer nacional.

Como diría el líder petrolero, Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, viejo aliado del actual régimen y conocedor del potencial de los recursos naturales “estos quieren privatizar hasta los tacos”.

Aunque por el momento la discusión de la aprobación de esta Reforma a Ley de Agua se encuentra bloqueada lo cierto es que todo parece indicar que avanzar a paso de tortuga, previo a las elecciones de junio próximo.

Con esto se agudiza las crisis de inseguridad, desintegración social, ingobernabilidad y conflicto social, pero principalmente la lucha entre gobernados y gobernantes.

Si se busca superar tales crisis, tendría que empezarse por revertir las reformas privatizadoras ya aprobadas y por abandonar las que están en curso de aprobación. Si no se actúa en tal sentido se seguirá exacerbando los conflictos sociales, el desajuste nacional en el que se encuentra México.

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