Prepara ejido acciones jurídicas tras desalojo del aeropuerto

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Aseguran que no había justificación de la autoridad para la detención de los manifestantes

Por Víctor Hugo Ornelas

Luego de que ejidatarios de El Zapote, que tomaron posesión de un predio de 72 hectáreas a un costado del ingreso del aeropuerto, fueran desalojados por elementos antimotines de la Fiscalía del Estado, el núcleo agrario informó que iniciarán acciones legales contra la autoridad, la cual aseguran no tenía atribuciones para actuar de la forma en que lo hizo.

A través de un comunicado, el Ejido dio a conocer su postura, la cual sostienen en el sentido de que el actuar de los elementos estatales fue arbitrario “reiteramos que las autoridades no tienen ninguna justificación legal para arremeter, atacar, golpear y lastimar a los manifestantes y mucho menos privarlos de la libertad”.

Además consideraron como violaciones graves a los derechos humanos, las acciones a las que fueron sujetos luego de ser detenidos por elementos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco al intentar hacer efectiva la suspensión emitida por el juez de distrito número cuatro en materia administrativa que les permite hacer uso de dichas tierras.

Mientras tanto, la situación en el aeropuerto internacional de Guadalajara regresó a la calma, y aunque se mantiene la presencia de autoridades en un número reducido, los ejidatarios no hicieron acto de presencia en el lugar, pues además de que debieron pagar una fianza para ser puestos en libertad, el juez emitió una orden de restricción para que no se acerquen a la terminal aérea, así lo dio a conocer el secretario de Gobierno del estado, Roberto López Lara.

De despojo

“El Juez emitió una fianza por 30 mil pesos a cada uno de los detenidos y también hubo medidas cautelares para que no se acerquen al aeropuerto”, señaló López Lara, que dijo invitar a los integrantes del núcleo agrario “para seguir trabajando en mesas, donde su lucha y sobre todo el tema de su sentencia que es ya absolutoria, sea lo más rápido compensable al recurso económico a que tienen derecho”, añadió.

Aunque ese punto es precisamente en el que se mantiene la discrepancia entre los ejidatarios y las autoridades, pues estos no aceptan el avalúo que tasa los terrenos en un precio de 20 pesos por metro cuadrado, e insisten en que se considere un nuevo avaluó, el último, que corresponde a  un pago total de 3 mil 600 millones de pesos, y no los 61 millones que representan los 20 pesos por metro.

Al respecto, López Lara indicó que “eso lo determina un juez, ya hubo un dictamen por parte de la federación, no les fue satisfactorio, se fue a recurso de revisión y el juez podrá o no justificar un tercer avaluó”, además, sugirió que los “profesionales que los asesoran en derecho” los pueden llevar a cometer delitos, como lo fue el supuesto despojo del cual son acusados.

 

 

 

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