Cuando los criminales gobiernan

hugo color 2016

Columna de opinión por #Víctor Hugo Ornelas

Una de las partes importantes que contemplan las leyes en México, y en cualquier lugar del mundo, se enfoca en regular el uso de armas de fuego, el acceso a recursos públicos, la toma de decisiones, en fin, diversas herramientas que deben emplearse de manera responsable y a favor del bien común.

Permitir el uso de esas herramientas a cualquier persona, representaría un riesgo debido a que se les podría dar un uso irresponsable y esto como consecuencia generaría un caos social, sin embargo, lo que hemos aprendido con el tiempo, es que poder acceder a ciertos privilegios de la ley, no viene acompañada de una dosis de responsabilidad, lo cual parece estarnos partiendo la mandarina en gajos como nación.

Un gobernante tiene acceso a recursos municipales con el fin de que dicho recurso sea distribuido como mejor convenga al desarrollo de la localidad a la que sirve, pero contrario a esto, nos encontramos con que aprovechan para enriquecerse, para favorecer a sus amigos, para hacer negocio y generar más dinero que por supuesto no llega a la gente, sino a las cuentas personales de quienes alguna vez salieron a la calle a rogar por el voto ciudadano.

Esta actividad tiene replicas en distintas instancias de gobierno, y por supuesto, genera diversas consecuencias para la población, quizá una de las peores, es cuando esta irresponsabilidad para conducirse como funcionario, toca las entrañas de las fuerzas armadas, desde el ejército nacional, hasta las corporaciones policíacas a nivel federal, estatal o municipal.

Ante una situación de ese tipo estamos indefensos como ciudadanos, ante un tema así, no hay debate sobre la responsabilidad que tiene la población para afrontar los problemas, cuando la autoridad te apunta con un arma, no hay muchas opciones, y eso debilita sobremanera los cimientos de la soberanía nacional.

Ocurrió en Ayotzinapa y todos lo veíamos lejano, distante, un hecho aislado, hay quienes incluso justificaron “los estudiantes eran delincuentes, estaban metidos en temas del crimen organizado, deberían estar en las aulas” y otras frases que los criminalizaron, pero que también sirvieron para exentar de responsabilidad a la corrupta policía de Iguala, Guerrero, pues incluso sí esos dichos sobre los 43 pudieran haber sido ciertos, la labor de los uniformados era detenerlos y procesarlos de acuerdo a derecho, pero no entregarlos a un grupo delictivo.

Aquellos que piensan que ya “chole” con el tema de Ayotzinapa, déjenme decirles que ya nos alcanzó, nos está pegando en Jalisco, no está pegando en Tlajomulco, cuando un par de policías, decidió servir a otros intereses distintos a los que juraron al rendir protesta como elementos de una corporación policiaca, y haciendo uso de equipo que se compró con dinero público, es decir con los impuestos que usted paga, haciendo uso de una patrulla, de un uniforme y de las armas que les dieron para cuidarnos, amagaron a dos jóvenes,  los privaron de su libertad y luego los entregaron a integrantes de una célula delictiva.

Lo que pasó después, fue la consecuencia mayor de un crimen, los dos jóvenes fueron asesinados y tirados en la calle como dos bultos, y no como las dos personas que eran. Sí estos muchachos tenían historial delictivo o no, eso es otra cosa, pasaron a convertirse en victimas, que me atrevería a decir, son víctimas del Estado, pues fueron policías municipales quienes los plagiaron y entregaron a sus homicidas.

Por supuesto que debe haber una reacción por parte de las autoridades y hasta el momento parece ser la correcta, perseguir a todos los uniformados que mantienen algún nexo con el crimen organizado para garantizar que la policía cumpla con su cometido y podernos sentir protegidos por la misma, de lo contrario, no solo la percepción de inseguridad prevalecerá en los ciudadanos, también habrá miedo a una figura de autoridad en quien nos piden que confiemos, a quien se supone nos debemos encomendar cuando somos víctimas de un delito, pero que lamentablemente, nos estamos dando cuenta que muchos de estos tienen otras prioridades, y esos intereses que van en contra de los intereses públicos, los llevan a actuar de una forma que empaña la labor de los que sí son buenos elementos, que gustan de su trabajo y están comprometidos con el mismo.

Hemos llegado a un punto preocupante en el tema de seguridad, el crimen organizado va ganando terreno en ´todos los rincones del País, 2017 ha tenido un inicio violento, el más violento en los últimos tiempos, con más de 800 asesinatos cometidos en territorio nacional, y que dejan en evidencia los problemas que tienen las autoridades para poder hacer frente a la situación.

Las autoridades no están viendo a futuro, este tema se pudo solucionar hace diez años, así como en diez más, podríamos lamentarnos sí no se hace algo hoy, depurar a las policías podría ser un avance, pero eso será para atacar un problema que ya nos alcanzó.

Lo que necesitan hacer los municipios y los estados, los gobiernos en general, es depurar la administración pública en todos sus niveles y no permitir que existan funcionarios, regidores, secretarios, ni ningún otro tipo de servidores públicos que estén coludidos con el crimen, no los deben aceptar en sus campañas electorales para no comprometerse a futuro, no se puede tener empleados públicos delincuentes, ya bastante hacemos con pagarles y soportarlos, como para encima, tener que cuidarnos de ellos.

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