Laudos ¿omisión o complicidad? con cargo al erario público

aaron

#Columna: Aarón Estrada

Todo un círculo de vicios con daño al erario público se han convertido el pago de laudos a ex funcionarios públicos de primer nivel.  Si bien en la ley, el derecho de los trabajadores es primero, y es bueno que prevalezca ese principio contra los abusos de sus patrones, lo cierto es que hablando del ámbito público, en el fondo hay muchos intereses y todos se sirven de un dinero que no es de nadie, sino público y por eso no duele pagar, en lo más mínimo.

El Ayuntamiento de Tlajomulco adeuda por laudos cerca de 40 millones de pesos y en los últimos ocho meses ha pagado 10 millones de pesos, que salieron del erario público, se pudieron aprovechar en obras públicas, pero se fue para enfrentar estas demandas laborales, que iniciaron en 2010, con los despidos que hizo Enrique Alfaro Ramírez a diestra y siniestra de manera irracional, como barredora política, pero que ahora está pagando, uno de sus más cercanos colaboradores, Alberto Uribe Camacho.

En muchos de estos despidos se actuó mal, se corrió a quien no tenía el más mínimo cargo como directivo, a los de base, pero un acto de cerrazón, causado por las filias y fobias de quienes llegaron como directivos y del propio Alfaro en ese 2010.

Pero no todo fue culpa de quien los despidió, sino de quien los hizo compadres a esos ex funcionarios. Porque muchos de estos que demandaron y hoy en días son reinstalados, eran directores y jefes de área , empleados de confianza, que por razones establecidas debieron haber dejado su cargo al momento en que Antonio Tatengo Ureña dejó la presidencia municipal. Pero no, qué paso, se basificaron algunos y cuando salieron de sus direcciones, demandaron.

Esa basificación fue la que prevaleció para que los jueces determinaran que esos empleados de confianza fueran reinstalados en sus cargos, tres, cuatro y cinco años después, lo que generó salarios caídos de ese largo periodo, laudos que se cubrieron desde los 400 mil pesos, hasta los tres millones de pesos por funcionario.

En muchos de estos casos se reinstalaron, porque el área jurídica no defendió los intereses del Municipio en estas demandas durante los últimos seis años. Se actuó con omisión por parte de estos funcionarios públicos de las administraciones 2010-2012 (Enrique Alfaro) y 2012-2015 (Ismael Del Toro), dado que cómo es de erario público y no de su dinero, pues no importó. ¿O acaso fue por qué se  llevaron «mochada» para que el Municipio perdiera esos casos?

Pensar que no hay corrupción en los tribunales para favorecer demandas laborales y ganar laudos millonarios, es como pensar que en el desierto no hay alacranes.

Esos son los costos de la alternancia política, el aferrarse a un cargo público, aunque no tenga los mínimos conocimientos básicos para ese puesto, como se ha observado en algunos de los casos.

Someter a escrutinio estos casos de funcionarios reinstalados, es por la sencilla razón y una máxima petición de nuestro oficio, de hacer público lo público.

El salario de cada funcionario es público y por ende debe ser del conocimiento de todos los ciudadanos, así como cualquier gasto. Si molesta la evidencia de estos laudos y salarios a quienes lo perciben, entonces que renuncien al servicio público. Seguramente no lo hacen, porque en estos tiempos de crisis económica y desempleo, en ningún lugar de la iniciativa privada les pagarán los salarios que ostentan, por sólo sacar copias, enviar oficios y no tener ninguna responsabilidad legal en muchos de los casos.

El cambio de colores y administración, viene con la misma retórica de la corrupción, córralos, demándalos, porque la casa pierde y todos ganan. No es su dinero, es para el servicio de todos.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: